En 2018 el fotógrafo del diario Correo del Caroní Wilmer González se fue a una mina en Delta Amacuro para paliar una de las peores crisis económicas de la historia venezolana, y nunca más regresó.
Su desaparición es parte de un reciente patrón de violencia en los
municipios mineros de la región Guayana, donde el gobierno ha
formalizado el proyecto del Arco Minero del Orinoco en medio de graves
violaciones a los derechos humanos.
Fotografías: Fabiola Ferrero
La historia de Wilmer es solo una más de quienes, en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, se ven obligados a desplazarse en la búsqueda de El Dorado. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha compilado 39 denuncias de desaparecidos en las minas, ocurridas entre 2012 y 2019: hasta la fecha, sólo cinco de ellos nos reportaron o confirmaron su regreso a casa. El 48% de los casos ocurrieron en 2018. Las historias del resto sucumben en medio de un clima regional de alta criminalidad, en una de las principales zonas económicas del país debido a su riqueza minera. Los proyectos oficiales no garantizan el control de la violencia que se desarrolla en torno al extractivismo ilegal, con torturas y homicidios impunes.
Diarios locales y redes sociales evidencian una proliferación de casos de personas extraviadas en las minas, lo cual ocurre entre carencias y omisiones del Estado en materia de seguridad ciudadana y búsqueda de desaparecidos. Las garantías de derecho a la vida, a la integridad física y acceso a la justicia también son enterradas por el miedo que silencia a testigos y lugareños. Son parte de un patrón sistemático de violación del derecho a la vida y de una vida digna que se circunscribe en la dinámica económica que el Ejecutivo ha promocionado como un salvavidas económico.
Desde hace más de cinco años, los protocolos nacionales de atención e investigación de casos de personas extraviadas han sido considerados deficientes por organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía y la antigua Red de Justicia y Paz: no existe algún instrumento que establezca los estatutos para abordar la investigación y seguimiento de estos hechos, como sí ocurre en otros países de Suramérica. En Ecuador, por ejemplo, existe el Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas.
En Venezuela, la búsqueda de personas desaparecidas es responsabilidad de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía científica del Estado: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, la crisis política y económica nacional empeora las dificultades históricas y mundiales para hallar personas, principalmente en contextos de guerras, desastres naturales o —como en nuestro caso— violencia interna. La Cruz Roja Internacional califica la desaparición como “uno de los problemas humanitarios más complejos, difíciles y desconocidos”.
Uno de los esfuerzos más recientes en América Latina es el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, publicado en diciembre de 2018 por la Fiscalía General de El Salvador. Esta iniciativa expone la necesidad de mecanismos especiales para desapariciones en zonas afectadas por altos niveles de inseguridad y crimen organizado. En la misma sintonía, este año 2019, las Naciones Unidas presentaron los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En apoyo a la defensa de los Derechos Humanos desde realidades locales Codehciu, en alianza con La Vida de Nos, ha decidido empuñar la pluma contra el olvido de Wilmer González y de otras personas, como Eudys, María José y Alexander, que se fueron a las minas de oro, y cuyas familias solo les queda relatar una cuenta regresiva que no termina, como único medio para dejar testimonio de esas vidas ausentes. Son historias que apenas cuentan tres de los seis patrones de desaparición que hemos encontrado en las minas. Una serie con la que, en el Día Mundial de los Desaparecidos, abrimos un capítulo para contar y acompañar a las víctimas de la violencia en el conflicto minero.
La historia de Wilmer es solo una más de quienes, en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, se ven obligados a desplazarse en la búsqueda de El Dorado. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha compilado 39 denuncias de desaparecidos en las minas, ocurridas entre 2012 y 2019: hasta la fecha, sólo cinco de ellos nos reportaron o confirmaron su regreso a casa. El 48% de los casos ocurrieron en 2018. Las historias del resto sucumben en medio de un clima regional de alta criminalidad, en una de las principales zonas económicas del país debido a su riqueza minera. Los proyectos oficiales no garantizan el control de la violencia que se desarrolla en torno al extractivismo ilegal, con torturas y homicidios impunes.
Diarios locales y redes sociales evidencian una proliferación de casos de personas extraviadas en las minas, lo cual ocurre entre carencias y omisiones del Estado en materia de seguridad ciudadana y búsqueda de desaparecidos. Las garantías de derecho a la vida, a la integridad física y acceso a la justicia también son enterradas por el miedo que silencia a testigos y lugareños. Son parte de un patrón sistemático de violación del derecho a la vida y de una vida digna que se circunscribe en la dinámica económica que el Ejecutivo ha promocionado como un salvavidas económico.
Desde hace más de cinco años, los protocolos nacionales de atención e investigación de casos de personas extraviadas han sido considerados deficientes por organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía y la antigua Red de Justicia y Paz: no existe algún instrumento que establezca los estatutos para abordar la investigación y seguimiento de estos hechos, como sí ocurre en otros países de Suramérica. En Ecuador, por ejemplo, existe el Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas.
En Venezuela, la búsqueda de personas desaparecidas es responsabilidad de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía científica del Estado: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, la crisis política y económica nacional empeora las dificultades históricas y mundiales para hallar personas, principalmente en contextos de guerras, desastres naturales o —como en nuestro caso— violencia interna. La Cruz Roja Internacional califica la desaparición como “uno de los problemas humanitarios más complejos, difíciles y desconocidos”.
Uno de los esfuerzos más recientes en América Latina es el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, publicado en diciembre de 2018 por la Fiscalía General de El Salvador. Esta iniciativa expone la necesidad de mecanismos especiales para desapariciones en zonas afectadas por altos niveles de inseguridad y crimen organizado. En la misma sintonía, este año 2019, las Naciones Unidas presentaron los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En apoyo a la defensa de los Derechos Humanos desde realidades locales Codehciu, en alianza con La Vida de Nos, ha decidido empuñar la pluma contra el olvido de Wilmer González y de otras personas, como Eudys, María José y Alexander, que se fueron a las minas de oro, y cuyas familias solo les queda relatar una cuenta regresiva que no termina, como único medio para dejar testimonio de esas vidas ausentes. Son historias que apenas cuentan tres de los seis patrones de desaparición que hemos encontrado en las minas. Una serie con la que, en el Día Mundial de los Desaparecidos, abrimos un capítulo para contar y acompañar a las víctimas de la violencia en el conflicto minero.
Clavel Rangel
Coordinadora del proyecto
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