ANTE LA DESCARADA PROTECCIÓN DEL ESTADO VENEZOLANO A LOS PROCESADOS POR EL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO MIJAÍL MARTINEZ.

                                                   

 El 26 de noviembre de 2009 cayó abatido nuestro compañero Mijaíl Martínez. Desde el primer momento su asesinato fue denunciado como un sicariato político y un sangriento pase de factura por las denuncias que, contra la criminalidad policial del gobierno de Luis Reyes Reyes y su comandante de polilara General (GNB) Rodríguez Figuera, formulara su padre Víctor Martínez y el Comité de Víctimas.

Han transcurrido casi cuatro años, durante los cuales hemos podido constatar la cadena de complicidades que involucran a funcionarios de todos los niveles y jerarquías, articulados para que este asesinato quede impune, al igual que centenares de crímenes en los que están implicados funcionarios policiales y militares. En el caso de Mijaíl Martínez, el propio CICIPC desde el inicio fabricó un “testigo estrella” para desviar la autoría material del homicidio, fue gracias a la solidaridad de diversos actores sociales, y luego de una verdadera odisea que se logró la captura de Carlos Zavarse y Jean Carlos Pérez, este último con amplio prontuario delictivo. Más tarde sería el interminable viacrucis en los tribunales, donde ya se cuentan doce diferimientos de audiencias, y como si fuera poco ahora se suma la irresponsable actuación del Ministerio de Prisiones. Una verdadera desgracia en la que todos los poderes estatales se alinean en contubernio para favorecer a delincuentes procesados por HOMICIDIO, y ponerlos nuevamente a circular en las calles, con el oscuro propósito de ahondar la indefensión jurídica y la amenaza a la vida de los familiares de las víctimas que se han atrevido a denunciarlos.

El plan sería acorralar a las víctimas para que por un lado, acaben tomando la justicia en sus manos, o en su defecto sean silenciadas por los brazos ejecutores de quienes se valen del poder político para cometer sus crímenes; en cualquiera de los dos escenarios este caso concluiría con el clásico “enfrentamiento entre bandas”. Pero con lo que no cuentan nuestros verdugos y sus agentes, es con que jamás retrocederemos en nuestra denuncia hasta que sean juzgados por todos sus crímenes.

El nuevo giro en el caso del asesinato de Mijaíl Martínez, prueba una vez más que el Estado venezolano se ha convertido, de hecho y derecho a través de sus funcionarios policiales, militares y judiciales, en el primer foco generador de violencia e inseguridad en el país. Un Estado que dispone de miles de hombres armados, entrenados y protegidos por sus superiores y el poder judicial, un Estado que pacta con delincuentes para constituirse en la primera banda armada que amenaza la vida de los venezolanos.

Estos delincuentes son EL VERDADERO PODER que aterroriza y oprime a la población, apadrinados alevosa y descaradamente por el sistema de administración de “justicia”, que favorece la impunidad jugando al retardo procesal, y creando las condiciones para que éstos no comparezcan a los juicio o para que se evadan de los penales, como en el caso de Jean Carlos Pérez, el sicario tarifado por los jefes policiales de la época, que a lo largo de dos años se negó a asistir a las audiencias y a quien el Ministerio de Prisiones le autorizó el traslado al penal desde donde le resultaría más fácil evadirse.

Como si esto fuera poco, a las víctimas se les niega el acceso al expediente, se desconocen cuáles son los criterios elementales para el otorgamiento de beneficios procesales, y sobre todo bajo qué argumentos se pone en libertad a peligrosos homicidas que debieron ser juzgados y condenados por los crímenes cometidos contra humildes ciudadanos.

Desde el Comité de Víctimas Contra la Impunidad queremos dejar claro que, con la descomposición progresiva del Estado venezolano, esta realidad de violencia y de impunidad irá profundizándose,  por ello nuestro llamado a desechar las ilusiones, convencidos de que la justicia no la encontraremos jamás entrampándonos en ese laberinto de arbitrariedad que es la vergüenza de este mal llamado sistema de administración “justicia”.

Por ello hoy nos encontramos en el Monumento a las Víctimas, en repudio y de espaldas al Palacio de la Impunidad. Desde nuestros propios espacios apostamos por la unificación de las  luchas, que sólo alcanzaremos si se extiende la solidaridad y el apoyo efectivo superando los intereses parciales, coyunturales y oportunistas, fuera del Estado y contra el Estado; entendiendo que las reivindicaciones que logremos alcanzar serán efímeras en un corto o mediano plazo, y que el verdadero éxito de las luchas  se alcanza con la unión cada vez más consciente y combativa de todas las víctimas de este orden social grotesco e invertido.

¡SOLO CON LA UNION COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!

¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!

Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL)

Movimiento de Víctimas Contra la Impunidad (MOVICOIM)

AGOSTO 2013