Decenas de miles de personas se movilizan en Mendoza por la modificación de la ley que prohibía utilizar químicos en la actividad minera
Protesta en contra del uso de químicos en la minería frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. TWITTER ENRIQUE VIALE
El agua es un bien escaso en la provincia argentina de Mendoza, advertían este lunes las decenas de miles de personas que se manifestaron en contra del uso de cianuro en la minería. Sequías sucesivas en la última década han reducido aún más la disponibilidad hídrica en esta región del oeste del país, conocida por sus vinos y por albergar los picos más altos de la cordillera de los Andes. Mendoza vetó en 2007 el uso de sustancias químicas en la minería con el objetivo de cuidar sus recursos hídricos, pero los legisladores revocaron el viernes esa prohibición. En medio de la crisis económica del país, la provincia pretende atraer inversiones mineras millonarias, una decisión que fue aplaudida por las empresas del sector, pero ha chocado con la oposición de organizaciones ecologistas, autoridades eclesiásticas y de una multitud que se ha movilizado frente a la Casa de Gobierno mendocina.
"La modificación a la ley 7.722 permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia", denuncia Greenpeace. La organización considera que el cambio legislativo "representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente".
A lo largo de todo el fin de semana, los mendocinos realizaron cortes de carreteras y protestas para expresar su rechazo a la autorización del uso de químicos en la minería provincial. Desde San Carlos, uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería, el domingo arrancó una caravana que recorrió los cerca de 100 kilómetros que separan esta localidad de la capital, que esta mañana fue escenario de una de las mayores movilizaciones de los últimos años.
Los manifestantes pretenden que el gobernador provincial, Rodolfo Suárez, de la Unión Cívica Radical, vete la modificación. Pero el Gobierno mantiene por ahora su apoyo a la nueva normativa por considerar que garantiza "el cuidado del agua y del medio ambiente". El Ejecutivo mendocino destaca que van a reforzar los controles a las mineras con la creación de una policía ambiental y la contratación de auditorías internacionales.
Pese a ser de distinto signo político, la decisión de Mendoza coincide con los planes nacionales del peronista Alberto Fernández. El Gobierno argentino apuesta por el petróleo, el gas y la minería para obtener mayores ingresos en dólares que contribuyan a volver a poner en marcha la economía, que en 2020 se prevé que siga en recesión por tercer año consecutivo.
En Mendoza, un informe de la cámara provincial de empresarios mineros difundido por el Gobierno estima que la reactivación de esta actividad moverá recursos por 349.234 millones de dólares y generará 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis proyectos y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta. "Indignante!!! No tengo palabras. Ni toda la minería del mundo mueve 350.000 millones de dólares. Nos subestiman", tuiteó el abogado ambientalista Enrique Viale.
"La ley 7.722 no se toca", "El cianuro no resuelve el hambre", "El agua vale más que el oro", se leía en las pancartas de algunos manifestantes en respuesta a los beneficios económicos citados desde el Gobierno. Los opositores al uso de químicos en la minería desconfían de los controles estatales y judiciales y ponen como ejemplo desastres ecológicos ocurrido en otras provincias andinas, como San Juan, Catamarca y La Rioja. El mayor accidente minero de la historia de Argentina ocurrió en septiembre de 2015, cuando un millón de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados se fugaron de la mina Veladero de San Juan y llegaron al río Potrerillos, contaminando este y otros cursos de agua. En 2016 hubo un nuevo derrame, aunque de volumen muy inferior, y en 2017, otro. La minera canadiense Barrick Gold, dueña de Veladero en ese momento, fue denunciada ante la Justicia, pero tras cierres temporales, las autoridades volvieron a habilitar su funcionamiento.
"El desarrollo no puede ser excusa para contaminar nuestro recurso más preciado", denuncian desde Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones surgidas tras los pasos de la sueca Greta Thunberg. "La reforma no hace más que desperdiciar nuestros recursos hídricos en una actividad que no sólo demanda grandes subsidios estatales, sino que produce un enorme pasivo ambiental, a la vez que destruye pueblos enteros, y a los habitantes que allí residen", agregan.
Las protestas en Mendoza han encendido las alarmas también en Chubut, en la Patagonia argentina. Chubut fue pionera en prohibir la minería a cielo abierto en 2003, pero el gobierno provincial ya ha anticipado que buscará levantarla para poder avanzar con la explotación de oro y plata. En cuestión de horas, más de 18.000 personas han firmado una petición para exigir que se mantenga la normativa actual y se proteja a la provincia de las "consecuencias catastróficas" de la minería "para el medio ambiente, los acuíferos, glaciares y ríos". La pelea marca ya el inicio de la presidencia de Fernández.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/12/23/actualidad/1577120663
Protesta en contra del uso de químicos en la minería frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. TWITTER ENRIQUE VIALE
El agua es un bien escaso en la provincia argentina de Mendoza, advertían este lunes las decenas de miles de personas que se manifestaron en contra del uso de cianuro en la minería. Sequías sucesivas en la última década han reducido aún más la disponibilidad hídrica en esta región del oeste del país, conocida por sus vinos y por albergar los picos más altos de la cordillera de los Andes. Mendoza vetó en 2007 el uso de sustancias químicas en la minería con el objetivo de cuidar sus recursos hídricos, pero los legisladores revocaron el viernes esa prohibición. En medio de la crisis económica del país, la provincia pretende atraer inversiones mineras millonarias, una decisión que fue aplaudida por las empresas del sector, pero ha chocado con la oposición de organizaciones ecologistas, autoridades eclesiásticas y de una multitud que se ha movilizado frente a la Casa de Gobierno mendocina.
"La modificación a la ley 7.722 permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia", denuncia Greenpeace. La organización considera que el cambio legislativo "representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente".
A lo largo de todo el fin de semana, los mendocinos realizaron cortes de carreteras y protestas para expresar su rechazo a la autorización del uso de químicos en la minería provincial. Desde San Carlos, uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería, el domingo arrancó una caravana que recorrió los cerca de 100 kilómetros que separan esta localidad de la capital, que esta mañana fue escenario de una de las mayores movilizaciones de los últimos años.
Los manifestantes pretenden que el gobernador provincial, Rodolfo Suárez, de la Unión Cívica Radical, vete la modificación. Pero el Gobierno mantiene por ahora su apoyo a la nueva normativa por considerar que garantiza "el cuidado del agua y del medio ambiente". El Ejecutivo mendocino destaca que van a reforzar los controles a las mineras con la creación de una policía ambiental y la contratación de auditorías internacionales.
Pese a ser de distinto signo político, la decisión de Mendoza coincide con los planes nacionales del peronista Alberto Fernández. El Gobierno argentino apuesta por el petróleo, el gas y la minería para obtener mayores ingresos en dólares que contribuyan a volver a poner en marcha la economía, que en 2020 se prevé que siga en recesión por tercer año consecutivo.
En Mendoza, un informe de la cámara provincial de empresarios mineros difundido por el Gobierno estima que la reactivación de esta actividad moverá recursos por 349.234 millones de dólares y generará 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis proyectos y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta. "Indignante!!! No tengo palabras. Ni toda la minería del mundo mueve 350.000 millones de dólares. Nos subestiman", tuiteó el abogado ambientalista Enrique Viale.
"La ley 7.722 no se toca", "El cianuro no resuelve el hambre", "El agua vale más que el oro", se leía en las pancartas de algunos manifestantes en respuesta a los beneficios económicos citados desde el Gobierno. Los opositores al uso de químicos en la minería desconfían de los controles estatales y judiciales y ponen como ejemplo desastres ecológicos ocurrido en otras provincias andinas, como San Juan, Catamarca y La Rioja. El mayor accidente minero de la historia de Argentina ocurrió en septiembre de 2015, cuando un millón de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados se fugaron de la mina Veladero de San Juan y llegaron al río Potrerillos, contaminando este y otros cursos de agua. En 2016 hubo un nuevo derrame, aunque de volumen muy inferior, y en 2017, otro. La minera canadiense Barrick Gold, dueña de Veladero en ese momento, fue denunciada ante la Justicia, pero tras cierres temporales, las autoridades volvieron a habilitar su funcionamiento.
"El desarrollo no puede ser excusa para contaminar nuestro recurso más preciado", denuncian desde Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones surgidas tras los pasos de la sueca Greta Thunberg. "La reforma no hace más que desperdiciar nuestros recursos hídricos en una actividad que no sólo demanda grandes subsidios estatales, sino que produce un enorme pasivo ambiental, a la vez que destruye pueblos enteros, y a los habitantes que allí residen", agregan.
Las protestas en Mendoza han encendido las alarmas también en Chubut, en la Patagonia argentina. Chubut fue pionera en prohibir la minería a cielo abierto en 2003, pero el gobierno provincial ya ha anticipado que buscará levantarla para poder avanzar con la explotación de oro y plata. En cuestión de horas, más de 18.000 personas han firmado una petición para exigir que se mantenga la normativa actual y se proteja a la provincia de las "consecuencias catastróficas" de la minería "para el medio ambiente, los acuíferos, glaciares y ríos". La pelea marca ya el inicio de la presidencia de Fernández.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/12/23/actualidad/1577120663
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