Hace un año el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, fue trasladado de manera irregular desde Ciudad Piar -donde cumplía 120 días de arresto domiciliario- hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Ciudad Guayana.
El traslado lo hicieron a las 10:30 de la noche, cuando el dirigente se encontraba con su familia. Presuntamente y de acuerdo a la versión oficial, el cuerpo de investigaciones procedió ante una alerta de fuga.
El dirigente estuvo 24 horas incomunicado de su familia y la defensa. En el transcurso, la juez del caso fue destituida y al día siguiente fue trasladado a la sede de Patrulleros de Caroní donde estuvo hasta el 3 de noviembre de 2010 esperando el inicio del juicio.
González es el único secretario general privado de libertad por ejercer la protesta en Ferrominera Orinoco (FMO) durante 16 días. Se le acusa de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al Gobierno -luego de escuchar las partes- la libertad “sin demora” del dirigente, así como su indemnización, pues considera que su encarcelamiento es violatorio de la libertad sindical.
El juicio de González está en desarrollo y hasta la fecha van más de 16 audiencias en la que se intenta demostrar la ilegalidad del procedimiento. (Correo del Caroní; 21.01.2011)
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