Cuatro cargos y siete implicados
Hace
cuatro meses, en el río Caroní, en el estado Bolívar, se encontró el
cuerpo de la joven de 16 años de edad Ángela Aguirre después de tres
días de haber sido vista por última vez. Desde entonces el hecho se ha
convertido en el caso de femicidio más alarmante de Venezuela y se ha
enfrentado a constantes irregularidades y audiencias diferidas, sin
embargo, ahora finalmente pasará a juicio.
El
viernes 19 de julio, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de
Control, Audiencias y Medidas en materia de violencia contra la Mujer
del área Metropolitana de Caracas admitió los cargos por los que los
siete imputados del caso de Ángela Aguirre están acusados, y con ello
avanza el proceso y se pasa a la siguiente fase.
Violencia sexual, femicidio agravado, encubrimiento y cómplice necesario, fueron los delitos admitidos por el juez en la audiencia preliminar, ejecutada el pasado viernes luego de ser diferida el día anterior por problemas en el traslado de las dos implicadas mujeres que forman parte del grupo de siete personas.
“Ha sido un proceso
viciado, con una clara violación al debido proceso y el hecho de que en
la audiencia preliminar se ratificaran los cargos por los cuales se
estaban imputando los implicados es algo positivo”, explica el abogado
Robny Gutiérrez, de la Comisión para los Derechos Humanos y La
Ciudadanía (Codehciu), una de las organizaciones no gubernamentales que
acompañan el caso.
El jurista afirma que
para conocer la fecha en que iniciará el juicio hay que esperar la
redistribución del tribunal en un lapso no mayor de cinco días y en ese
plazo debería conocerse el tribunal para luego fijarse la audiencia de
juicio.
Gutiérrez además de expresar que
ha sido “un caso injusto, cruel e inhumano”, detalla que “los femicidios
han sido la cara oculta de la justicia venezolana porque han querido
ocultar este tipo de situaciones y como las cifras negras de la
criminalidad son ocultas, no hay estadísticas oficiales y en las
organizaciones se hace un trabajo enorme para recolectarlas”.
El
año pasado, durante abril y marzo se registraron 143 casos de violencia
de género en el estado Bolívar, según datos del Observatorio de
Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg). De los cuales, 67
ocurrieron en el municipio Caroní, lo que lo convierte en el más
violento del estado.
De los 143 casos, 12
fueron de genocidio activo, 50 de femicidio pasivo, 21 de femicidio en
grado de frustración, 20 de violencia sexual, tres de desapariciones y
tres de presuntas redes de trata.
“Ha
sido la presión de los ciudadanos, de la gente y de las ONG, el paso
fundamental para lograr un resultado concreto, porque si los ciudadanos
guardaran silencio se permitiría que más muchachas como Ángela Aguirre
sean víctimas de femicidio”, recalca el abogado.
Los
siete imputados en el caso permanecerán privados de libertad. Las dos
mujeres, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, continuarán en la sede del
Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques,
mientras que los cinco hombres, José Alberto Cedeño, José Zorrilla,
Glauber Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz, seguirán en el Rodeo
II.
Los padres de Ángela Aguirre
permanecen en silencio y sin contestar las llamadas de los medios. La
cuenta de Twitter del padre, Ángel Aguirre, por donde informaba lo que
ocurría en la investigación, está restringida.
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